Una nueva hoja de ruta para la empleabilidad de la población migrante en B/quilla

Con el objetivo de elaborar una hoja de ruta de empleabilidad para la población migrante proveniente de Venezuela y población vulnerable de acogida en Barranquilla, la Universidad del Norte desarrolló, bajo la iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un estudio que diagnosticó las oportunidades y barreras que tiene esta población en el acceso a diferentes sectores económicos, y estableció un plan de acción derivado del análisis que contiene los lineamientos para su implementación en la capital del Atlántico.

Lo resultados del documento, elaborado por un equipo de expertos y académicos, bajo la coordinación y supervisión de Sandra Rodríguez Acosta, docente del Departamento de Economía de Uninorte, economista con Maestría en Economía y Economía Aplicada, fueron socializados el 21 de junio durante el Primer Encuentro de Actores del Ecosistema Laboral de Barranquilla, desarrollado en la Cámara de Comercio de Barranquilla, por iniciativa del Centro de Oportunidades, adscrito a la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía Distrital de Barranquilla.

“Para nuestra investigación tuvimos en cuenta tres lineamientos conceptuales que se han desarrollado para los mercados de trabajo, haciendo adaptaciones para la población migrante: perfiles ocupacionales para facilitar la inclusión laboral, la identificación y cierre de brechas en capital humano y, siguiendo una propuesta metodológica que tienen desde 2016 la Fundación Corona, Fundación ANDI, USAID y ACDI/ VOCA, usamos el Modelo de Empleo Inclusivo (MEI)”, puntualizó la profesora Sandra Rodríguez durante el evento.

En el contexto de América Latina y el Caribe, Colombia ha sido el principal país receptor de población migrante de Venezuela, con una estimación de 1,8 millones a febrero de 2022, siendo Barranquilla una de las tres ciudades con más migrantes. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en Barranquilla y su área metropolitana residen 145 805 migrantes que llegaron en los últimos cinco años. A junio de 2021, la tasa de informalidad de esta población venezolana ascendió al 90,8 % y la de desempleo al 16,4 %, cifras superiores al promedio de los colombianos. Es por eso que el Gobierno Nacional y la institucionalidad multilateral han priorizado análisis sobre la integración económica de los migrantes por la vía del empleo.

A través de un análisis cuantitativo y cualitativo, esta consultoría identificó y caracterizó las barreras que diferentes estudios han destacado como limitantes para lograr la integración económica de la población migrante proveniente de Venezuela. Al mismo tiempo, se validaron los hallazgos previos y se identificaron particularidades que pudieran surgir en la experiencia de Barranquilla. Para ello se realizaron 50 encuestas presenciales a empresas, 188 a población migrante de Venezuela en Barranquilla, tres grupos focales y 10 entrevistas en profundidad.

Convirtiendo el reto en un potencial de desarrollo

El Banco Interamericano de Desarrollo tiene una hoja de ruta, denominada Visión 2025, que define tres metas estratégicas para lograr el desarrollo económico y social en América Latina y el Caribe: reactivar el sector productivo, promover el progreso social y fortalecer la buena gobernanza y las instituciones. La entidad tiene claro que la plena integración de las personas migrantes puede ser un motor para lograr estos objetivos. “La generación de oportunidades laborales para las personas migrantes y sus comunidades de acogida es una de las claves para que los países de nuestra región puedan responder a sus retos migratorios e impulsar el potencial de los migrantes para la recuperación de América Latina”.

Para el BID, los nuevos retos migratorios requieren nuevas respuestas y la participación de nuevos actores, ya no se trata sólo de la respuesta de parte de los estados y los organismos públicos. Es necesaria la participación del sector público junto a la academia, la sociedad civil y el sector privado. Este es el caso de la nueva ruta de empleabilidad para migrantes, resultado del compromiso de toda la comunidad de Barranquilla en pos de un mismo objetivo.

“Todos estos ejercicios permitieron caracterizar a la población migrante en términos de empleo, barreras y competencias, así como la percepción de los actores involucrados en el proceso de adaptación. De acuerdo a las muestras de capital humano existentes, se priorizaron los sectores de actividades económicas con mayor potencial de empleabilidad y como resultado, la hoja de ruta incluye una propuesta piloto de empleabilidad que, junto a una guía operativa, esperamos apoyar muy pronto en el Distrito. Para nosotros es muy grato estar acá y seguir apoyando todo el ecosistema de empleabilidad. Cuentan con el BID para seguir avanzando en este desafío”, expresó Francisco Zegarra Azcui, especialista de Operaciones de la Unidad de Migración del BID.

Óscar Peñuela, jefe de Inclusión y Desarrollo Productivo del Centro de Oportunidades de la Alcaldía, destacó que uno de los objetivos de la Administración es precisamente dejar instaurada la Política Distrital de Empleo, la cual se construye con iniciativas metodológicas como las de Uninorte y el BID, al igual que otras desarrolladas en los últimos dos años y medio por el Centro.

“Somos una agencia de servicio público de empleo con tres grandes rutas: empleo, emprendimiento y formación para el empleo, lo que permite articular una oferta en un mismo centro, pero con una ventaja adicional: tenemos rutas de atención diferencial a migrantes y grupos vulnerables (…) Hemos logrado ser un referente en temas de articulación y de la política relacionada con inclusión económica y laboral, una serie de acciones que no las hacemos solos, sino con aliados como ustedes”, destacó el funcionario.

Conclusiones y piloto

De acuerdo con los resultados del documento, una de las principales barreras que enfrentan las personas migrantes y refugiadas provenientes de Venezuela para conseguir empleo formal es la documentación personal incompleta o irregular, ratificando que la irregularidad migratoria es uno de los obstáculos más críticos.

De igual forma, el análisis arroja que en la práctica aún persisten retos no menos importantes. Uno de ellos, por ejemplo, es que parte de la población migrante no se entera de estrategias y campañas para la regularización, como la del Permiso por Protección Temporal (PPT), lo que obedece, parcialmente, a su desconfianza frente a la institucionalidad y al temor de ser deportados o judicializados. La hoja de ruta también indica que aún en el empresariado persiste el desconocimiento sobre la documentación y los trámites relacionados con la contratación de migrantes venezolanos, así como situaciones de desconfianza, prejuicios frente a esta población y la necesidad de contar con referencias o recomendaciones para su contratación.

En ese sentido, el documento remarca la necesidad de brindar acompañamiento y herramientas a las empresas para que tengan información de primera mano sobre los procesos de contratación, las obligaciones, los deberes y beneficios de contratar a esta población. Entre otros resultados, se ratifica que hay un número importante de migrantes venezolanos con formación previa en su país, que va desde la educación media hasta profesional con posgrados, siendo clave el seguimiento estricto a los procesos de convalidación. 

A partir de estos y otros hallazgos, y siguiendo el enfoque del Modelo de Empleo Inclusivo, se diseñó la propuesta de piloto de empleabilidad para la población migrante proveniente de Venezuela en Barranquilla, la cual busca incrementar sus oportunidades de inserción laboral formal al potenciar sus competencias, según las necesidades de las empresas (en el sector de la construcción y el de hoteles y preparación de alimentos) y el fortalecimiento de las relaciones con el sector productivo de la ciudad. 

El piloto se centra en los componentes de competencias duras, orientación sociocupacional y gestión del talento humano; y los tramos de formación para el trabajo, intermediación y empleo. Su ciclo operativo plantea las acciones y los indicadores de seguimiento que, en un periodo de 14 meses, pueden redundar en la eliminación de las barreras que enfrenta la población migrante en la ciudad y, con ello, la consecución de empleos formales.

Por José Luis Rodríguez R.