Consultorio Jurídico logra fallo que reabre términos a favor de persona con ceguera total

La notificación de Colpensiones llegó, pero nunca pudo ser leída. Para un hombre con ceguera total a causa de un glaucoma terminal, el correo electrónico que contenía una decisión clave sobre su futuro laboral y pensional era, en la práctica, inaccesible. Esa barrera “invisible” terminó por cerrarle la puerta a su derecho de defensa. Pero lo que parecía un caso perdido por vencimiento de términos se convirtió, gracias al Consultorio Jurídico de la Universidad del Norte, en un precedente sobre accesibilidad, debido proceso y dignidad.

El caso se remonta a 2025, cuando el usuario con discapacidad visual inició su proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral tras años de lucha contra una enfermedad degenerativa que lo obligó a abandonar su trabajo como instalador de aires acondicionados.

De acuerdo con Alanys Graterol Cueto, egresada del programa de Derecho y adjudicante del Consultorio, el problema no radicó en la decisión de Colpensiones, sino en la forma en que fue comunicada.

“El señor no tuvo acceso material a la notificación. Al tratarse de una persona con ceguera total, no pudo conocer el contenido del dictamen y, por ende, no pudo ejercer su derecho a la defensa dentro del término legal”, señala.

El plazo para manifestar inconformidad era de diez días hábiles. Barrios lo hizo casi un mes después. La respuesta: rechazo por extemporaneidad.

Pensar el derecho más allá de la norma

Cuando el caso llegó al Consultorio Jurídico, en diciembre, el panorama era complejo. Sin embargo, Alanys identificó un elemento clave: la vulneración del debido proceso administrativo.

“Colpensiones no implementó ajustes razonables para garantizar que el usuario pudiera acceder a la información. Esto generó una carga desproporcionada y le impidió ejercer su defensa”, explica.

Con base en precedentes de la Corte Constitucional y en la protección reforzada de los derechos de las personas con discapacidad, la egresada presentó una acción de tutela actuando como agente oficiosa, es decir, en nombre del usuario ante su imposibilidad de hacerlo directamente.

“Este caso demuestra que el derecho no es solo norma, sino interpretación. Muchos habrían considerado que ya no había nada por hacer, pero aquí se pensó por fuera de la caja”, señala el docente asesor, Fabián Andrés Díaz Hernández, al destacar el valor jurídico de la estrategia. 

El 6 de febrero, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Soledad falló a favor del usuario. La decisión ordenó a Colpensiones dejar sin efectos la firmeza del dictamen y rehacer la notificación con ajustes razonables que garantizaran el acceso real a la información.

Además, dispuso que se reabrieran los términos para que Barrios pudiera ejercer su derecho de inconformidad, una medida poco común en el ámbito administrativo. Entre las órdenes específicas, el fallo exige que la entidad remita el dictamen en un formato accesible, compatible con lectores de pantalla, y que acompañe la notificación con un resumen claro, comprensible y disponible para lectura por voz. También ordena implementar medidas adicionales que aseguren que la comunicación sea efectiva y no meramente formal.

Más allá del caso: el modelo social de discapacidad

Para el profesor Díaz, este resultado trasciende lo jurídico y pone en evidencia una problemática estructural. “La discapacidad no está en la persona, sino en las barreras que impone el entorno. Aquí, la entidad creó una barrera comunicacional que impidió el ejercicio de derechos fundamentales”, enfatiza.

El caso se convierte así en un ejemplo concreto de la aplicación del modelo social de discapacidad, donde el foco no está en la limitación individual, sino en las condiciones que dificultan la participación plena en la sociedad.

Gracias al fallo, Barrios pudo finalmente presentar su manifestación de inconformidad. Actualmente, su caso se encuentra en trámite ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico, instancia que evaluará su situación para el acceso a la pensión de invalidez.

No obstante, el proceso también evidenció nuevos retos. Según el equipo del Consultorio, la entidad volvió a incurrir en fallas al no garantizar plenamente una notificación accesible.

“En la práctica, fue Alanys quien terminó leyéndole el contenido al señor, asegurando que pudiera entender la decisión”, recalca el docente.

Para Alanys, el caso tiene un significado que va más allá del aprendizaje académico.
“Me involucro mucho con los usuarios. Ver un resultado favorable y saber que puedo contribuir a que se respeten sus derechos, incluso antes de graduarme, reafirma mi vocación por el Derecho”, concluye.

Este nuevo caso de éxito del Consultorio Jurídico de Uninorte ratifica la formación integral de sus estudiantes, así como el impacto tangible de la academia en la vida de las personas, especialmente de aquellas que enfrentan mayores barreras para acceder a la justicia.